"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Carles Campuzano, presidente de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso
“Debemos incorporar otros mecanismos de financiación del Tercer Sector y mejorar la Ley de Mecenazgo”
05/10/2016
Redacción - Imágenes: Manuel Moreno
A pesar de la difícil situación política y la incertidumbre que recae sobre una comisión que puede durar unos días, o unos años, Carles Campuzano se muestra entusiasmado en su nueva responsabilidad y explica con mucho aplomo su papel como presidente. Se define como facilitador de acuerdos y dinamizador del trabajo y se empeña en salir a la calle, en llevar la vida política a la vía pública para conocer en primera fila lo que la comisión tiene entre manos. Entre muchos asuntos, la financiación es fundamental, pero también la autonomía personal, el derecho a voto y todas las cuestiones que afecten e interesan al sector de la discapacidad.
De entrada supone una ilusión porque en la gestación de esta comisión, que se ha producido en los años que he sido parlamentario, he tenido el gusto de ver cómo crecía el movimiento social de las personas con discapacidad y la capacidad del mismo de incidir en la vida política, en las legislaciones, pero también en la creación de esta propia comisión, una demanda del sector de la discapacidad. Por tanto, eres muy consciente del papel que puedes jugar, de lo que la sociedad espera de esta comisión y le das todo el valor que tiene presidir esta comisión.
Además tiene un valor añadido porque el suyo es un partido pequeño, recibir el apoyo del resto de partidos casi por aclamación es destacable.
Ha habido una voluntad de todos los grupos de la Cámara de que las presidencias de las comisiones intentasen reflejar lo mejor posible la pluralidad que se expresa en la Cámara. Además, al ser un acuerdo de todos los grupos, eso ha permitido que efectivamente la elección de esta presidencia, y de otras, haya sido por aclamación de todos los grupos. Y todos con la vocación de trabajar de manera muy orientada hacia el consenso. Las primeras palabras que pude expresar cuando se constituyó la comisión fue esa apelación al consenso, que ha sido una característica de los trabajos de esta comisión estos años y también de las propias discusiones legislativas que afectan a las personas con discapacidad. Es de esas materias en las que los grupos hacen esfuerzos por intentar acercar posiciones y la principal virtud del consenso es que da estabilidad legislativa y eso permite que los cambios se terminen produciendo.
"La discapacidad es de esas materias en las que los grupos hacen esfuerzos por intentar acercar posiciones"
¿Dará tiempo a realizar reuniones o citar a algunos representantes del sector para que expliquen ante la comisión su realidad y sus demandas?
Hoy mismo hemos tenido la primera reunión de portavoces de la comisión y hemos coincidido en que la comisión debe procurar tener un plan de trabajo, aunque será distinto pensar en ese plan si hay legislatura o si, por desgracia, finalmente nos vemos abocados a las terceras elecciones. Y hemos tomado la decisión de que la primera comparecencia que queremos tener sea la del Comité Paralímpico Español, nos parece un reconocimiento del Congreso de los Diputados, más allá de la declaración institucional que se hizo hace unos cuantos días. Que pueda venir a contarnos la experiencia en los Juegos de Brasil y los retos en materia de deporte para personas con discapacidad.
Y todos los grupos tienen muy claro que la segunda comparecencia es la del CERMI, que es la gran organización que representa al mundo de la discapacidad y, lógicamente, la primera voz que se debe escuchar. Y a partir de ahí tendremos que configurar un plan de trabajo.
"La primera comparecencia que queremos tener será la del Comité Paralímpico Español, la segunda es la del CERMI"
Usted conoce mejor que nadie todo el tema del IRPF, el mundo del Tercer Sector, la decisión del Supremo y la decisión de su partido en cuanto a la financiación de ONG a cargo del IRPF, ¿cómo lo ve desde esta nueva responsabilidad?
Estoy convencido de que en esta materia se necesita un acuerdo entre el Gobierno del Estado, los Gobiernos autonómicos, las ONG de ámbito Estatal, las de ámbito autonómico, que permita dar estabilidad a esta cuestión y evite este continuo trasiego ante los tribunales y este desgaste político. Y el acuerdo es posible, y es posible si las dos partes ceden, por lo tanto voy a continuar defendiendo la necesidad de este acuerdo en una materia que, si todas las posiciones tienen voluntad, es posible encontrar una fórmula equilibrada. Si hay legislatura, será una de las cuestiones que debemos trabajar.
Para el sector es vital…
Quizás se plantean también otras cuestiones, por ejemplo, ¿no tendría más sentido que el ciudadano tuviese más libertad para elegir ONG o sectores a los que se destine su recurso? Y quizás también daríamos más estímulos aún para que las ONG del Tercer Sector trabajasen para ampliar el número de ciudadanos que marcan la cruz.
Más allá de la discusión de quién gestiona los recursos, que es una discusión muy importante, debemos abrir otras discusiones que están vinculadas a cómo financiamos el Tercer Sector y cómo damos más poder al ciudadano para destinar los recursos donde ellos creen que debe hacerse.
"Necesitamos una política que fortalezca el Tercer Sector y España todavía debe trasponer las directivas europeas sobre contratación del sector público"
Hablando del Tercer Sector, la Ley del Tercer Sector y la de Voluntariado están de alguna manera olvidadas, ¿tendríamos tiempo en esta legislatura de abordarlas de alguna manera?
Si la legislatura acaba el 31 de octubre, nos quedaremos en esas comparecencias, como mucho. Pero prefiero instalarme en la idea de que hay legislatura para evidenciar que los retos que tenemos son enormes y llevamos un año de parálisis en el Congreso y parálisis gubernamental. Mientras tanto la sociedad, las familias, las empresas, las ONG, necesitan respuestas, perspectivas. El mundo gira a 1.000 por hora y el tiempo que se está perdiendo al final se termina pagando.
Y sí, necesitamos una política que fortalezca al Tercer Sector y España debe trasponer las directivas europeas sobre contratación del sector público y eso puede favorecer el papel de la economía social, puede reforzar el papel de las cláusulas sociales en relación a la contratación de personas con discapacidad. Para eso necesitamos que exista esta legislatura.
El sector de la discapacidad reconoce que la situación actual es crítica, en general, pero entiende que para las personas con discapacidad se complica todavía más. ¿Podría ser la Comisión de Discapacidad una palanca que moviera conciencias y se reconocieran las necesidades del sector?
¡Ojalá! Pero me temo mucho que las decisiones hoy no se toman en ese entorno. Los partidos debemos tener todos los estímulos e incentivos del mundo para cerrar acuerdos, el acuerdo que sea, luego unos nos puede gustar o no, pero es lo que se espera. Cuando los ciudadanos votan, no dejan de hacer una delegación de su poder a los parlamentarios, a los grupos parlamentarios, para que administren ese poder. Y el ciudadano lo que esperaba en el mes de diciembre y lo que vuelve a esperar en junio es que el sistema de partidos políticos español sea capaz de responder al reto. No hacerlo es una irresponsabilidad, visto desde cualquier punto de vista.
"Los grandes retos están en hacer real la aspiración de la Convención de la ONU, que es la aspiración a la vida autónoma"
¿Cuáles son las prioridades que tiene que abordar la Comisión de Discapacidad en esta legislatura y cuáles son las verdaderas reformas que se pueden poner en marcha?
Los grandes retos están en hacer real la aspiración de la Convención de Naciones Unidas, que es la aspiración a la vida autónoma, o sea que tengamos una realidad económica, social, administrativa, que permita que las personas con discapacidad puedan ejercer un proyecto de vida autónomo e independiente. No deja de ser el reto que se planteaba en los años 80 con la Lismi.
Y cuando empezamos a aterrizar en temas concretos, el empleo es fundamental, así como la educación y la accesibilidad. Son los grandes retos que tienen planteados y donde además nuestra legislación es avanzada, tenemos buenos marcos legales pero necesitamos mejores políticas e invertir más recursos en las mismas, necesitamos mejores alianzas entre el sector público y el privado, empresas mercantiles, el Tercer Sector, los Gobiernos autonómicos, del Estado.
Luego hay cuestiones vinculadas a derechos fundamentales que preocupan y deberían estar normalizadas. El derecho a voto para las personas con discapacidad que están sometidas a procesos de pérdida de su personalidad jurídica y que les implica esa pérdida del derecho de voto y ahí el mundo asociativo nos plantea que debemos garantizar ese derecho. O la posibilidad de las papeletas en braille en las elecciones es una cuestión pendiente. Son retos que las fuerzas políticas debemos ser capaces de compartir.
Precisamente se acaba de presentar una reforma de la ley electoral para el cambio de la fecha en las elecciones y es una oportunidad para introducir también los cambios necesarios para garantizar ese derecho a voto, ¿cree que será posible?
Es una reforma muy orientada exclusivamente a evitar el bochorno que supondría que se celebrasen elecciones el día de Navidad y vamos a ver si somos capaces también de resolver esta cuestión y alguna otra. Va a depender de la voluntad de los grupos políticos, pero desde la presidencia de la comisión animamos a los grupos políticos a mover el tema y aprovechar esta oportunidad.
"El discurso de la Convención es muy potente y es un cambio de perspectiva muy contundente sobre cómo abordan las legislaciones y las políticas las cuestiones de la discapacidad"
Este año se cumple el 10º aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ¿qué balance haría como buen conocedor de este sector y su realidad?
El discurso de la Convención es muy potente y es un cambio de perspectiva muy contundente sobre cómo abordan las legislaciones y las políticas las cuestiones de la discapacidad.
Y hablando de autonomía personal, la Ley de Dependencia, que el sector de la discapacidad denomina de Autonomía Personal, pues pretenden fomentar ese aspecto, parece algo olvidada, ¿en qué ha quedado esta ley tan prometedora?
La primera vez que en la legislación española se incorpora el concepto de autonomía personal es en la discusión de esa ley y fue fruto además de las aportaciones del sector de la discapacidad. En aquel momento, en esa discusión, en el contexto español, eran miradas muy innovadoras. Pero la autonomía personal se quedó en el título de la ley, nunca la ley terminó de desarrollarse e implementarse en esa lógica y quizás lo más emblemático es la ausencia de desarrollo práctico y extensible de la figura del asistente personal, que era el gran instrumento concreto que la ley contemplaba para hacer posible la autonomía de las personas con discapacidad.
Y al haber pretendido legislar en un mismo marco legal las necesidades de las personas mayores y las de las personas con discapacidad, quizás nos equivocamos, porque las necesidades son distintas. Era difícil equilibrar en una misma ley a los dos grupos a los que se pretendía mejorar su calidad de vida y la víctima ha sido la discapacidad.
Recuerdo en las discusiones de la ley que desde el CERMI se planteaba que las ayudas técnicas tuviesen un reconocimiento con carácter de derecho y eso no fue posible. Y las ayudas técnicas son instrumentos que, precisamente, para las personas con discapacidad, ayudaban a esa autonomía personal. Y continuamos sin haber resuelto lo principal, que es cómo financiamos la ley.
"Uno de los debates imprescindibles en materia de dependencia y autonomía personal es cómo financiamos esta política"
¿Eso también se planteó mal desde el principio?
Absolutamente. Nosotros, que fuimos críticos con esta ley por las cuestiones competenciales, lo fuimos también por las cuestiones de financiación. Países con mayor poderío económico que España, como Francia y Alemania, cuando pusieron en marcha su legislación sobre autonomía personal y dependencia discutieron también qué fórmula específica de financiación debía tener esta política. En el caso alemán, vinculado a la seguridad social y en el francés con un recargo al IRPF, pero con un ingreso finalista para financiar esta política. Y en España, que hicimos la ley en un momento de crecimiento económico, pero sin tener la capacidad de gasto de los países escandinavos, optamos por un modelo de carácter universalista, sin una financiación específica. Y el resultado es que el desarrollo de la ley se ha quedado muy lejos de las perspectivas creadas. Y uno de los debates imprescindibles en materia de dependencia y autonomía personal es cómo financiamos esta política.
"Sería bueno que los diputados de la comisión algún día diésemos un paseo por unos cuantos espacios"
Entre los temas destacados que tratará la comisión, uno de ellos será la accesibilidad, ¿cuáles serán las iniciativas en ese sentido?
Hay mucha pedagogía todavía por hacer, ¿de qué manera podríamos afrontarla?
Uno de los principios que acostumbra a utilizar la pedagogía es el de la repetición. Podemos tener la sensación de que llevamos muchos años hablando de ello pero el esfuerzo debe ser constante, no dar por supuesto que los ciudadanos lo van a entender por el hecho de tener unas leyes avanzadas. Y asumiendo que la manera en que los ciudadanos respetan a las personas con discapacidad tiene también mucho que ver con el nivel de civismo de la sociedad, una sociedad que no es capaz de respetar es una sociedad muy poca cívica y por lo tanto estamos hablando del valor moral. Y ahí debemos ser muy insistentes en la repetición, en el terreno de la pedagogía.
Además de la repetición, el ejemplo y la convivencia, favorecen la inclusión. En el caso de la educación, esa inclusión también es necesaria y sin embargo parece que en este país no llegamos a aceptarla del todo, ¿hemos sufrido incluso un retroceso?
Yo estudié en una escuela, en los años 70, en la que en mi clase compartíamos aula con dos compañeros con discapacidad intelectual. La normalidad en la que vivíamos y convivíamos te ayuda a tener una mirada normal, incluso no éramos conscientes de que eran niños con discapacidad, eran dos compañeros, distintos en algunas cosas.
En Cataluña el movimiento a favor de la educación inclusiva es muy fuerte y exigente y es crítico también con la convicción de que no se ha avanzado lo suficiente en esta materia, que entre otras cosas exige, sobre todo, recursos para las escuelas. En estos años, los recortes que han afectado a las comunidades autónomas han tenido un impacto en servicio públicos esenciales y entre ellos, el ámbito educativo, y eso tiene consecuencias. El modelo de la escuela inclusiva se ha visto afectado.
Y en un momento de recuperación del ciclo económico y por lo tanto de los ingresos fiscales, es evidente que la educación debe ser prioritaria y en el marco de la educación, la orientación hacia la educación inclusiva.
